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La Administración foral y los sindicatos prevén disponer en los próximos tres años de un montante de 10,9 millones de euros para mejorar condiciones salariales de colectivos concretos de trabajadores públicos.
Como explica UGT, junto al incremento salarial fijo y otro variable ligado al PIB, se acordó un fondo adicional, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, “para eliminar discriminaciones históricas de determinados colectivos cuyas condiciones de trabajo se han deteriorado con el tiempo”, aclaró. Según señala este sindicato, a los 0,3% de los fondos adicionales, en Navarra hay que añadir un 0,10% este año y otro 0,05% en 2019, por el cumplimiento del déficit. Con todo ello, este año se dispondrían aproximadamente de 3,4 millones;en 2019, de unos 3,6 millones y en 2020, de unos 3,8 millones. En total, casi once millones de euros.
Tanto la Administración como prácticamente todos los sindicatos coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones del persona auxiliar administrativo y de los que se integran en el nivel E. Ambos colectivos sumarían unos 3.100 trabajadores. Desde LAB explicaban ayer que defienden la supresión del nivel E y aglutinar a estas 1.400 personas en el nivel D. Con todo ello se pretende alcanzar una equiparación con la legislación europea y estatal.
LAB, ELA, CCOO, UGT y AFAPNA enviaron a Función Pública sus propuestas, y la Administración presentó ayer un cuadro en el que se mostraban los colectivos que se verían favorecidos por estas medidas, de acuerdo a las propuestas sindicales y del Gobierno. Sin embargo, como el coste de estos planteamientos ascendería a 25 millones de euros y se disponen de casi once, tanto Función Pública como sindicatos acordaron volver a redactar nuevos borradores que se ajusten al presupuesto. Las centrales deberán entregar las modificaciones mañana para volver a reunirse el jueves 20. Esta negociación urge ya que la partida del fondo adicional de 3,4 millones de 2018 tiene que ejecutarse antes de concluir el ejercicio.
OTROS ASUNTOS:
Durante la reunión también se abordó la modificación de la ley de pasivos. UGT indicó que “la Administración se negó a abrir un nuevo plazo de opción para que el personal del Montepío anterior a 2003 se pueda acoger al sistema de derechos pasivos previsto en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo”. Hay un colectivo de unas 30 funcionarias que tienen un desfase en la pensión respecto a su nómina del 35%, su jubilación queda congelada al 80% y para llegar a ese porcentaje tienen que trabajar como mínimo 40 años. Por su parte, AFAPNA denunció que “Función Pública no quiere pactar con los representantes de los trabajadores la calendarización de la OPE extraordinaria”.
Fuente: Diario de Noticias.
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