Navarra consigue un acuerdo con el Estado que evita el recurso al T. Constitucional del Decreto Ley Foral 10/2020. La discrepancia se centraba en la moratoria de 5 años para la convocatoria de oferta de empleo público de plazas de Especialista de Apoyo Educativo, adscritos al Departamento de Educación. Se consideraba por el Estado que el plazo de 5 años era excesivo y podría suponer un quebrantamiento de principio constitucional de igualdad, merito y capacidad en la Función Pública, por que ese plazo tan largo podría suponer un beneficio a los trabajadores interinos frente a los aspirantes a ingresar en los citados puestos a través al sistema de oposición.